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Comparación de la definición de "Víctima" para las instituciones del Estado colombiano

En este apartado se realizará la comparación entre los diferentes discursos y las puestas en escena desde las instituciones estatales. Esto, se hace con el ánimo de lograr hacer evidentes los puntos en común y los distanciamientos que pueden tener, y cómo estas tensiones pueden afectar la definición y representación de víctimas que se manejan. En este orden de ideas, el discurso oficial tendería a variar dependiendo desde dónde se esté enunciando.

La postura que tiene la Rama Judicial frente al tema de las víctimas de desaparición forzada es muy diciente en contraposición con la Rama Legislativa. Ya que, el tribunal de la rama judicial se limita a sancionar y ordenar una serie de medidas hacia las víctimas como lo son: “a) la sentencia debe ser publicada en diarios oficiales y periódicos de circulación nacional b) el lugar de reclusión de Plazas no puede ofender de ninguna manera la memoria de las víctimas. c) ninguna guarnición militar puede llevar el nombre de Plazas Vega d) se fijan pautas para que el Estado colombiano haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad”. Es claro que la rama judicial, da un paso importante al ordenar que el Estado colombiano haga un acto público de reconocimiento de la responsabilidad. Esto puede obedecer a la politización que se ha venido dando en las cortes, instancias que antes no se atrevían a tocar este tipo de temas.



En cambio las dinámicas que se dan al interior del congreso son totalmente diferentes, ya que en alguna medida al ser los representantes del pueblo, hay diferentes puntos de vista con respecto a lo que es o no es una víctima y es ese es el punto crucial. Estas tensiones e evidencian, en la manera como Wilson Arias e Iván Cepeda, hablan del ¿por qué la ley no contemple a todo el universo de víctimas?. Es evidente que ambos son personas que han tenido una militancia activa en organizaciones de víctimas y que de alguna manera han escuchado lo que piensan las mismas. La preocupación es entonces por lo que se queda por fuera de la definición, ya que cuando se define algo siempre se queda algo por fuera, esto es muy delicado cuando se trata de personas que han sido violentadas.

De esta forma, en el congreso algunos representantes ponen en debate el hecho de que no se les ha preguntado a las víctimas por sí mismas, dinámica que no sucede en la rama judicial. En la rama judicial se hace notorio el ejercicio de poder, puesto que simplemente se sanciona y ya ni más sin menos, no se preguntan por el ¿será que les preguntamos qué piensa las víctimas?. Simplemente las víctimas de desaparición forzada son una población que debe ser intervenidas y atendidas, pero las implicaciones de la violencia política donde quedan, la pérdida de la ciudadanía, la dignidad y la desarticulación social todo esto queda a un lado. Con esto no se quiere decir que el congreso y el senado sean espacios de mayor consenso, simplemente que a la rama judicial siempre se la ha otorgado función de sancionar, sin que tenga la oportunidad de reflexionar de forma crítica sobre las poblaciones que sanciona. Ahora bien, en el congreso también se da una apropiación de las víctimas ya que, es el partido y la bancada que saco la ley adelante la que se lleva los honores dejando a un lado el esfuerzo de las organizaciones, las víctimas son un medio para lograr legitimidad y apoyo más no son un fin.



Por su parte, el discurso de la Presidencia de la República es aún más hegemónico, coptador y universal. En sí, hay una apropiación política del sufrimiento de las víctimas, ya que se habla de cómo esta administración es la única que ha legislado a favor de esta población, ha generando garantías, facilidades y asistencia técnica, con lo cual busca apoyo y reconocimiento por parte de los votantes y la comunidad internacional. En esta medida, las víctimas se vuelven un trofeo de mostrar, el asunto que las víctimas tengan que demostrar que son víctimas y que solo mediante este procedimiento se le reconozcan unas serie de derechos, es una suerte de incentivos negativos, perversos. En este orden de ideas, la representación que se hace de las víctimas tiene gran poder, puesto que les está imponiendo un forma de ser, a la cual se tienen que acomodar y no se pueden salir ya que perderían las garantías, esto hace que el “ser víctima” sea una cuestión que revícitimice. Sumado a lo anterior, cabe recordar que la desaparición forzada como crimen de Estado, genera gran malestar en social y pérdida de la confianza institucional e interpersonal. Es así, como el mismo actor que te causo daño que te violento va a repararte, esto es bastante bizarro y sórdido, como volver a confiar en aquel que te hizo sufrir a tan profundas dimensiones. Por otro lado, no hay que olvidar que el ahora presidente Santos, está involucrado en el escándalo de los falsos positivos, esto es bastante irónico. Razón que lleva a ratificar, que el gobierno desde sus tres ramas no ve en las víctimas una agencia política, simplemente ve una población que es una ventana de oportunidad para quedar bien.

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